Un magistrado de Washington paralizó este martes las obras de un ambicioso salón de baile de 400 millones de dólares en la Casa Blanca, tras la demolición de una sección considerable del Ala Este.
El juez federal de distrito Richard Leon falló a favor de una orden judicial preliminar impulsada por el National Trust for Historic Preservation.
Según detalla the Associated Press, esta organización exige revisiones independientes y el visto bueno del Congreso antes de continuar con la edificación.
Dictamen
En su dictamen, el juez subrayó que el presidente actúa como administrador temporal de la residencia oficial para las futuras familias presidenciales y no posee la propiedad absoluta del inmueble.
Con este argumento, el juez cuestiona la base legal de la autoridad ejecutiva para alterar estructuras históricas de forma unilateral.
El proyecto, anunciado durante el verano y promocionado por Donald Trump como un recinto de 8,360 metros cuadrados con capacidad para casi mil personas, enfrenta ahora un futuro incierto debido a la falta de consultas previas con los paneles de revisión federales.
¿Qué dice la Casa Blanca?
Aunque la Casa Blanca sostiene que la construcción se financia mediante donaciones privadas y fondos del propio mandatario, la demanda resalta que se ignoraron los protocolos de la Comisión de Bellas Artes y la Comisión Nacional de Planificación de la Capital.
Esta pausa judicial resulta importante para el patrimonio arquitectónico de la nación, ya que obliga a la administración a someterse al escrutinio público y legislativo tras haber iniciado la demolición de áreas históricas sin los permisos correspondientes.
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